COMUNICACION A LA COMISION INTERAMERICANA DE DDHH WASHINGTON D.C ALVARO ROTONDARO GOMEZ
Pampatar,
22 de marzo del 2017
REF:
P-777-15
Ciudadano
Paulo Abrâo
Secretario
Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington,
D.C.-
Señor Secretario Ejecutivo:
Yo,
Álvaro Rotondaro Gómez, de nacionalidad venezolana,
casado, abogado, titular de las Cédula de Identidad venezolana No. 1.755.707; y
con domicilio procesal en el Edificio Mirador Plaza, entre las avenidas Mero y
Sábalo, Torre C; Apartamento C-4 del Distrito Maneiro del Estado Nueva Esparta,
Pampatar, Venezuela; procediendo en este acto en mi propio nombre, en relación
a mi Petición registrada bajo el número de Referencia, ante usted con el debido
respeto ocurro y expongo:
Me
dirijo ante esa honorable Comisión y
ante usted con el debido respeto, ya que la situación por mi denunciada en la
Petición arriba mencionada de fecha 11 de febrero de 2015, en la Adenda del 31
de diciembre del 2015, en la Adenda II de fecha 12 de mayo del 2016 y en la Addenda
III del 7 de enero del 2017 enviadas por mi a esa ilustre Comisión, las cuales
doy aquí por reproducidas, pruebas éstas que
demostraron fehacientemente la presencia de las FARC y los daños ilimitados y
de incalculables consecuencias sociales, ambientales, pero sobre todo humanas,
de todo lo que estaba acaeciendo en esa zona y en los Estados Bolívar y
Amazonas de Venezuela, ha empeorado de una manera tan alarmante, que es la
razón por la cual, me estoy dirigiendo nuevamente a ustedes, para consignar una
nueva prueba que ratifica todo lo
expuesto y la angustia expresada por mí, tanto en la Petición, como en
los Adendum ut supra mencionados y que
ponen en un grave peligro, no solo a nuestro país, sino a toda la humanidad, la
cual considero muy importante debido a las consecuencias, relativas a los
destrozos de todo lo relacionado con la fauna, la flora y el ambiente en
general (bosques, reservas hídricas, etc.), al deterioro de los derechos
humanos, no solo de las comunidades indígenas que habitan desde hace siglos en
esas zonas, así como, los perjuicios ocasionados, por las mismas razones, a
campesinos y productores agropecuarios que laboran en esas tierras, a los
crímenes que se están perpetrando, en las guerras que están protagonizando las
mafias mineras en esas zonas, con el conocimiento y complacencia de los mas
altos funcionarios del gobierno venezolano y, a los seres humanos en general y,
es por lo que muy respetuosamente les solicito sea incorporada en la Petición
de Referencia, número P-777-15; de fecha
11 de febrero del 2015.
En
consecuencia a lo anteriormente relatado, paso de inmediato a anexar la nueva
prueba marcada alfa numérica así: (R21), la cual se refiere a un reportaje
publicado en el Diario El Correo del Caroní relativo a un informe de un
Comisario de la Policía, dirigido a sus superiores, en el cual les informa de
todos los delitos que se están cometiendo en esa zona, con el conocimiento del
gobernador del Estado Bolivar y otros funcionarios de este protervo gobierno (nótese que cada vez
que me refiero a estes gobierno, siempre uso minúsculas, ya que sería una afrenta a la civilidad exornar con mayúsculas a
tan grotesca y criminal dictadura).
En efecto, Honorables
Miembros de esa Comisión, como bien dije en la Petición del 11 de febrero del 2015 antes anotada que: “ para mí es muy importante recalcar que estos Fundos
(aunque con todo el derecho) no fueron sólo adquiridos con la intención de
obtener beneficios económicos, sino que mi esposa muy consciente desde el primer
momento de tomar posesión de los mismos, se dio cuenta de la importancia que
tenían esas tierras ancestrales, ya que están consideradas como la más antiguas
del mundo y, a la vez sumamente impresionada por la belleza y exuberancia de la
fauna, la flora y las riquezas acuíferas, nos inculcó esos
sentimientos, no solo a nuestro núcleo familiar sino a todos los visitantes y
empleados nuestros, haciéndonos ver la
importancia de conservar todas estas bellezas naturales, para que fueran
disfrutadas por muchas personas…..”
En
este momento, como venezolano de 72 años de edad, puedo decirles con la mayor
sinceridad y honestidad, que más que luchar por nuestra propiedad, que como
ustedes muy bien lo saben, tengo todos mis derechos, lo estoy haciendo por mi
país y por el bienestar de la humanidad, ya que si esta dictadura continua con
ese programa, como real y efectivamente lo están haciendo al suscribir esos
contratos ilegales ( basados en un decreto espurio e inconstitucional), el cual
acompañé marcado (R20), desaparecerán los bosques amazónicos del Orinoco
venezolano, los cuales forman parte importantísima como pulmón del mundo, así
como todas las reservas hídricas, la fauna, la flora y el resto del ambiente de
esa maravillosa zona, tal como lo dijimos anteriormente, siendo estas mis
aflicciones y estoy seguro que son las mismas de todos los venezolanos de bien
(que somos la gran mayoría) y las razones por las cuales me dirijo a usted y a
esa honorable Comisión, no solo para que conozcan los horrores ambientales e inhumanos
irreparables que está cometiendo este gobierno, sino para solicitarles su
urgente y eficaz intervención y así lograr la paralización de este exabrupto.
Distinguido
Secretario, como usted podrá constatar de la lectura del reportaje del
periódico El Correo Del Orinoco, que el informe del Comisario del SEBIN es una
NOTITIA CRIMINIS y, como siempre, al igual que la misma que hice yo en el
periódico El Universal (periódico de cobertura Nacional), el domingo 8 de
febrero del 2015, en la columna muy afamada de ese medio denominada EXPEDIENTE,
la cual abarca una página completa de ese periódico, en relación al delito que
se estaba cometiendo con la anuencia de la Guardia Nacional venezolana, lo cual
sin duda alguna es una NOTITIA CRIMINIS, la Fiscalía General de la República no
actuó como era su deber, ya que los delitos de acción
pública son pesquisables de oficio prescindiendo de la voluntad o decisión del
ofendido y, es por ello que la Fiscalía, actuando en representación del Estado,
una vez que le llega la notitia criminis, iniciará – obligatoriamente, siempre
y en todos los casos las investigaciones para encontrar las pruebas que
permitan iniciar la Instrucción fiscal y el proceso judicial hasta la sentencia
definitiva, pero desafortunadamente esta institución forma parte de la corrupta, espuria y parcializada justicia
venezolana y su complicidad con el poder ejecutivo, situación muy bien conocida
por ustedes, ya que en varias oportunidades se han pronunciado mediaticamente
al respecto, definiendo magistralmente con lujo de detalles el horror y la
anomia de justicia en Venezuela, así como la corrupción en el poder judicial,
que impide ocurrir a los organismos jurisdiccionales para obtener justicia.
En pocas palabras, resumiendo lo denunciado en la prensa
citada, hay una guerra de carteles mafiosos extrayendo oro y coltan, con la
anuencia, amparo y colaboración de la gobernación del Estado Bolivar, altos
funcionarios del gobierno y las fuerzas armadas del país, en vista de que esos
minerales son enviados a Colombia en aviones militares, para poder ser vendidos
en ese país, ya que en Venezuela no pueden ser exportados debido a que no
existen los permisos internacionales para realizar esas ventas y, por esa razón,
tratando de esconder esos crímenes tan atroces, los cuales están previstos y
sancionados en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el Estatuto
de Roma (crímenes de genocidio y de lesa humanidad), es que inventaron el otro
HORROR, El decreto del Arco Minero, el cual no han podido afortunadamente
empezar debido a que le deben miles de millones de dólares a las compañías que
ellos están invitando a continuar destruyendo esas zonas.
En
vista, de que el presente escrito es una Addenda de mi Petición
del 11 de febrero del 2015, registrada bajo el # : P-777-15; ratifico todo lo concerniente a las
condiciones de admisibilidad para este alegato, así como también, lo relativo a
que la Petición no ha sido sometida ni resuelta por ninguna otra instancia
internacional, además de confirmar lo consagrado en el Capítulo del derecho
relativo los artículos infringidos por el Estado venezolano de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y la violación por parte del Estado venezolano
del artículo 6 del protocolo adicional a la Convención americana sobre derechos
humanos en materia de derechos económicos sociales y
culturales, “Protocolo de San Salvador” – derecho al trabajo
PETITORIO
Muy
respetuosamente solicito a esa Ilustre Comisión, que por todas las
consideraciones anteriores y, una vez constatados los hechos denunciados en la
documentación que consignamos en la Petición antes citada, de fecha 11 de febrero del 2015; en la Addenda del 31 de diciembre
del 2015; en la Addenda de 12 de mayo del 2016; en la Addenda del 7 de enero
del 2017; en la Addenda del 9 de febrero del 2017 y de la presente Addenda:
1.- Que se admita mi Petición
antes citada, de fecha 11 de febrero
del 2015.
2.-
Que se declare que el Estado de Venezuela ha violado los derechos fundamentales
consagrados en los Artículos 5, 11, 8, 21, 24, y 25 de la Convención Americana
de los Derechos Humanos, y 6 del Protocolo de San Salvador, con todas las
consecuencias que para mí y los
empleados y sus familias se han derivado de las actuaciones arbitrarias,
ilegales y discriminatorias por parte de los órganos administrativos y
jurisdiccionales del Estado venezolano.
3.-Que se ordene
al Estado de Venezuela dictar las medidas administrativas y judiciales que sean
necesarias para garantizarnos el goce y disfrute de nuestros derechos
fundamentales, y especialmente el derecho de propiedad, así como también el
de todas las personas señaladas
anteriormente y en especial, que se proceda inmediatamente a la derogatoria del
decreto arriba señalado y, en
consecuencia, se ordene al Estado de Venezuela
adoptar las medidas reparadoras al destrozo ambiental y humano, ordenándole al
Estado de Venezuela dictar las medidas administrativas y judiciales que restituyan
la situación jurídica infringida por el Estado.
Dr.Álvaro Rotondaro Gómez
Dirección:
Edificio Mirador Plaza, entre las avenidas Mero y Sábalo, Torre C, Apartamento
C-4 del Distrito Maneiro del Estado Nueva Esparta, Pampatar, Venezuela
Cumplo
con remitirles mis nuevos correos electrónicos, para las comunicaciones y
notificaciones que ustedes tengan a bien enviarme:
Teléfono.-
584143147716
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