SOS Venezuela-Un callejón sin salida y la ayuda internacional (II) Gustavo Gonzalez Urdaneta Miami, 26 enero 2018

SOS Venezuela-Un callejón sin salida y la ayuda internacional (II)

Gustavo Gonzalez Urdaneta

Miami, 26 enero 2018

Se han analizado, internamente como en el exterior, muchas maneras en que la situación en Venezuela podría desarrollarse en los próximos meses y hay formulados toda una amalgama de escenarios futuros que, por ejemplo, en el caso del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México incluye la confusión de un Estado vasallo chino-ruso, la transición a una cleptocracia más autoritaria racional, la ruptura y restablecimiento exitoso del orden por parte de las Fuerzas Armadas hasta la ruptura del orden y desintegración en el caos.

Lo común en todos ellos es que dan testimonio del deterioro de la situación que se vive a diario en Venezuela y que, en general, ninguno de los escenarios más plausibles son historias de “buenas noticias”, aunque algunos son menos indeseables que otros. En su mayoría coinciden en que corresponde a los venezolanos, conjuntamente con la ayuda internacional de Estados Unidos y sus socios en América Latina y el Caribe, no solo trabajar juntos para planificar lo que podría ocurrir en Venezuela, sino también colaborar para que otras tragedias no degeneren en la misma medida. La libertad de cada quien termina no donde empieza la del otro, como suele decirse, sino cuando es amenazada la del otro. Es necesario cuidar y valorar las democracias y sus libertades, porque los peligros que las acechan son reales y voraces. La verdad es que, hasta ahora, las opciones clásicas y la ayuda recibida han tenido poca efectividad. Veamos.

En condiciones normales, la salida a una crisis política en democracia debería ser por la vía institucional mediante los mecanismos previstos para corregir esa situación. No es el caso de Venezuela, donde una pandilla de bandidos ha usurpado el poder, sin intención de devolverlo.

Si en algo hay consenso en Venezuela es que no hay una salida electoral. El país necesita primero un cambio de régimen para que haya una salida electoral. Después de 19 elecciones no hay condiciones para que haya una transición a la democracia a través de un proceso comicial. Ya son harto conocidas, incluso internacionalmente, todas las trampas que hace el régimen a través de su organismo electoral regido por bandidos. Es evidente que tenemos que plantearnos primero el cambio de régimen y en eso tiene que ayudar la comunidad internacional. En el desierto totalitario en que nos encontramos, las elecciones no han sido más que otro espejismo democrático del régimen.

Leonardo Padrón dijo que estamos en una calle ciega. Si votamos, perdemos por trampa. Si no votamos, perdemos por ausencia. Preguntaba ¿Cómo romper el cerco de esta calle ciega? Y advertía que el reloj está corriendo y la cuenta regresiva suena su tic tac sobre nuestro futuro. La realidad es que hay que darse prisa pues queda poco margen para romper el cerco ante un llamado a elecciones en abril. Almagro dijo recientemente que unas elecciones presidenciales espurias bajo el mecanismo de la Asamblea Nacional constituyente significarían simplemente dar legitimidad a este régimen por seis años más. Ninguna elección que salga de esta dictadura, en estas condiciones, va a traer un cambio político para el pueblo venezolano, ninguna elección en estas condiciones le va a dar soluciones a la gente. La peor sanción son otros seis años más del régimen de Maduro. Cada quien debe actuar como le dicte su conciencia pues esa decisión, al final, corresponderá a su mínimo arrepentimiento.  

Los analistas políticos coinciden en que hay muchas variables que manejar pero ninguna de ellas muestra un camino concreto a la salida a la crisis. Algunos consideran que ante la realidad que vive el venezolano y dado que el gobierno no está dando señales ni disposición de corregir el rumbo de las políticas económicas sino más bien de querer profundizarlas, algunos sectores sociales y políticos podrían considerar realizar una suerte de alzamiento, de conformar una resistencia o provocar una serie de estallidos sociales. Según esa línea de pensamiento esos escenarios ocurrirían si se agravan las circunstancias actuales. Está clarísimo que ya están dadas las condiciones para un posible estallido social pues la sociedad no soporta más dicha situación, sin embargo eso suele darse cuando la sociedad está bien conformada y sus valores morales, dignidad y leyes no son canjeables, pero cuando la sociedad vive en un limbo político, donde el único principio u objetivo es sobrevivir, es muy difícil que se dé dicho estallido.  El gobierno, además de haber creado las necesidades que neutralizan al ciudadano frente a la opción de rebeldía, se adelantó y mandó un mensaje muy claro con  la Masacre de El Junquito de lo que les puede pasar a esos tipos de brotes de insurrección. 

Hay quienes advierten que si la salida no se hace por medio de un fuerte estallido social, algo parecido al Caracazo de 1989, el gobierno se radicalizará más aun y plantean dos opciones, un colapso del gobierno o Venezuela termina igual a Cuba, básicamente un sistema autoritario sin elecciones, donde las libertades civiles se acaban del todo. Queda la duda si Venezuela podría aguantar más como está en un sistema que ha ido mutando a un régimen cada vez más autoritario y represivo. Dentro de esta opción, hay quienes consideran que un mayor grado de deterioro puede erosionar al sector militar institucional y que apoye al pueblo en una suerte de alzamiento cívico-militar. Esta opción estaría en la cuerda floja del grado de erosión que los haga reaccionar.

El acto criminal de violar un código de honor que se respeta incluso en las guerras más cruentas, el principio sagrado de que a quien se rinde se le respeta la vida, lo que ya conocemos como la Matanza de El Junquito marcará un antes y un después de la opinión pública frente al terrorismo de Estado imperante en Venezuela.   Mejor que un juicio o una larga investigación, la transmisión de Oscar Perez en vivo vía redes sociales de su propósito de rendirse –lo que significa la transmisión en vivo de su condena y ejecución a muerte– se ha convertido en uno de los más impactante actos de contrainformación ocurridos en medio de la guerra que el chavismo ha desatado contra la población que lo adversa. Esta violación del honor militar deberia producir la erosión requerida del sector militar institucional.

 Al contrario de lo que algunos creen, ha sido descomunal el valor y el sacrifico de miles de venezolanos en esta lucha. El de los centenares de jóvenes asesinados en protestas; el de los dirigentes políticos presos, torturados, apaleados o desterrados; y el de los ciudadanos comunes perseguidos y acosados. Pero ya. No hay que estimular el espontaneísmo. Nos duelen los mártires aunque necesitamos vencedores.

La ayuda internacional más efectiva en contra del régimen de Venezuela y sus personajes son las sanciones aprobadas por la Unión Europea (UE) el 13 de noviembre de 2017, desde Bruselas, Bélgica contra siete miembros del gobierno, las cuales se unen a las ya impuestas desde Washington en contra de 30 altos funcionarios venezolanos, incluidos el presidente de la nación, Nicolás Maduro, que les prohíben hacer negocios con las nuevas emisiones de deuda y acciones de Venezuela. Los países firmantes de la UE decidieron prohibir la venta y el abastecimiento de armas, municiones, vehículos y equipos militares a Venezuela. Los ciudadanos y empresas europeas tienen además prohibido aportar asistencia técnica o servicios de corretaje, así como financiación o ayuda financiera. Las medidas contemplan también el congelamiento de activos como restricciones para la entrada a territorio de la UE de esos siete funcionarios, entre ellos jefes de poderes públicos venezolanos.

Llama la atención que en esos días salió muy publicada en los medios, con fotos fechadas el 18 de noviembre, la reunión de uno de los siete sancionados, Maikel Moreno, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con Silvia Fernandez de Gurmendi, Presidente de la Corte Penal Internacional (CPI) en sus oficinas en La Haya. Los acompañaba la embajadora Haifa El Aissami Maddah, señalada por el ex fiscal ante la CPI, Luis Moreno Ocampo, de traficar influencias a favor de la dictadura ante ese juzgado internacional y quien es hermana de Tarek El Aissami, Vicepresidente de Venezuela, catalogado como miembro del terrorismo internacional. Además la Presidente Gurmendi es ex subalterna de los Kirchner en la Cancillería Argentina. Si Mikael Moreno estaba sentenciado por la UE, ¿Cómo llega a La Haya sin que nadie lo mande preso? Al parecer, la corrupción del sistema de Justicia de Venezuela ha hecho metástasis en la CPI.

Ha sido evidente el bloqueo que las sanciones de EE UU han tenido en la operatividad del régimen castrocomunista venezolano pero, al final, los más afectados es la sociedad civil que ha padecido el incremento de la escasez de todo más una situación hiperinflacionaria que ha anulado el valor de la moneda nacional. Está claro el efecto buscado con las sanciones personales a funcionarios públicos pero está por verse su efectividad cuando organismos como la Corte Penal Internacional ha recibido a Mikael Moreno en La Haya sin que nadie haya actuado para hacer cumplir la restricción sancionada de circulación en territorios de la UE. Los cubanos llevan 60 años esperando que las sanciones tumben al régimen castrocomunista y eso sin tener petróleo  como Venezuela y las sanciones a Rusia, Irán y Corea del Norte tampoco han sido efectivas.

Según declaraciones de Almagro en Davos, las sanciones son el mecanismo diplomático más duro y después de las sanciones, abandonas la diplomacia. Según él, faltan aún 2-3 niveles de sanciones por aplicar y, adicionalmente, lograr que todos se comprometan a aplicar las medidas. Imagino que se refiere a las naciones democráticas y a extender las sanciones a las familias de los funcionarios y el embargo al petróleo. Dudo de un resultado favorable de ambas. ¿Para qué extender el sufrimiento del 80% que quiere cambio de gobierno? El FMI proyecta para Venezuela inflación de 13.000% y decrecimiento de 15% en 2018.

“Te esperan en la Haya” es una frase que se conjura entre quienes esperan aplicar justicia contra Maduro ante la CPI, por los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Pero no es un proceso tan expedito ni sencillo. Hay  9 denuncias  contra Maduro “archivadas” en la Haya desde 2011 que esperan por alguna respuesta.   

Desde su creación en 2002 hasta la fecha, han sido 22 los casos investigados por la CPI, todos ellos africanos. En el curso de los procesos, la CPI ha decretado 33 órdenes de detención con 17 arrestos y 3 comparecencias voluntarias. Tres de las detenciones fueron anuladas por la muerte de los sospechosos, ha habido 1 absolución y 3 ocasiones en que la CPI ha decidido retirar los cargos o remitir al sospechoso a un tribunal de justicia nacional. Por último, la Corte Penal ha dictado solo dos condenas. Además, la actuación de la CPI depende del consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, donde el derecho a veto de los miembros permanentes que no han ratificado el Estatuto de Roma –Estados Unidos, Rusia y China (que ni siquiera lo firmó) – suele jugar en su contra. Dos amigos del régimen.

Adicionalmente, los casos conocidos han sido totalmente ineficientes en el tiempo y nada efectivos en sus sentencias. Por ejemplo, el primer caso conocido por la CPI fue el de Darfur, Sudán, iniciado en marzo de 2005 y el gobernante Al-Bashir fué acusado por los delitos de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. En 2009 se emitió una medida cautelar de captura, la cual no se ha hecho efectiva; por el contrario, en 2010 hizo celebrar elecciones presidenciales en las que se le declaró ganador y asumió “legalmente” la presidencia. La orden de captura en su contra es objeto de burla, ha declarado que es víctima de persecución colonialista. Está libre y mandando. Otro caso iniciado en junio 2004 contra Thomas Lubanga, jefe militar de la República Democrática del Congo, por crímenes de guerra, el CPI tardó 8 años en dictar su primera sentencia, se le impuso pena de 14 años de cárcel y el fallo se encuentra en apelación. Dada esa gestión, Rusia se retiró del Tratado de Roma bajo la acusación a la CPI de ineficacia.

Visto el engorroso trámite que implica años de investigación cuando se llega a abrir como ocurre con el caso de Colombia que lleva 13 años, las incidencias de corrupción que marcaron la gestión del fiscal Moreno Ocampo, las cuales quedaron impunes y  la muy fuerte actividad que entre telones desarrolla el gobierno de Maduro ante la CPI y la Fiscalía como ya mencionáramos, queda claro que la CPI no será el instrumento para que los venezolanos obtengamos justicia referente a los crímenes imputables a las camarillas que han ejercido el poder en Venezuela desde 1998 hasta hoy. Como ya lo han dicho otros, la CPI es “el tribunal mundial de la incompetencia”. Y si no llegara a funcionar la metástasis de corrupción que pueda estar iniciándose, al régimen aun le quedaría la salida de retirarse del Tratado de Roma como lo hizo Rusia. Poca esperanza podemos tener en esta opción.      

Venezuela está en un callejón sin salida. Ya lo dijimos antes. Mantengo la posición de que a los venezolanos no nos queda sino la intervención directa de la comunidad internacional a través de una fuerza multinacional concertada por un foro como la OEA, la ONU, el grupo Lima y la UE, apoyada por EE UU, que acuda a ayudarnos a rescatar la democracia venezolana. Lamentablemente los que la apoyamos no tenemos poder para solicitarla y quienes pueden hacerlo, no se atreven.